Ciudad de México.- R3D, Artículo19, Prodh, Social TIC y otros organismos intepusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación contra quien resulte responsable, después de documentar 76 ciberataques a periodistas y activistas con software de uso exclusivo del gobierno.

“Este grupo de ciudadanos denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra constitutivos de los delitos de intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y los demás que resulten de esto”, dijo en conferencia de prensa la periodista Carmen Aristegui.

Se trata de una serie de ataques ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016 a un grupo de activistas y periodistas mexicanos, entre ellos Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, que recibieron mensajes de texto en sus teléfonos móviles con enlaces maliciosos relacionados con el software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y adquirido por el gobierno.

“Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México : la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)”, dice el informe ‘Gobierno Espía’, publicado por la organización R3D ayer, en colaboración con CitizenLab, un organismo académico de la Universidad de Toronto.

Una vez implantado, Pegasus toma el control de los teléfonos, desde la cámara, el micrófono y lo que se escribe en su teclado, detalló John Scott, investigador de CitizenLab. Cada ataque tiene un costo promedio de 77 mil dólares, los SMS maliciosos enviados a periodistas y activistas se dio en coyunturas periodísticas, como la investigación de la Casa Blanca de EPN, en 2015.

Aywe CitizenLab y el New York Times revelaron los ataques y se difundieron en redes sociales con el hashtag #GobiernoEspía.

Además de la denuncia penal, los afectados interpusieron un procedimiento de queja ante la Comisión de Derechos Humanos, informó Luis Fernando García, director de la R3D.

La organización civil demanda límites a la vigilancia gubernamental, que debería ser fiscalizada, detallada y bajo una autorización judicial que justifique su necesidad y proporcionalidad.


Agencia Reforma